La conclusión más relevante de este documento es que la Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.
Sus premisas pueden ser sintetizadas:
• necesidad de una mayor articulación e integración regional en los campos de investigación científica y de formación de recursos humanos calificados;
• adopción de instrumentos que promuevan la inclusión social de género, étnica y de personas con necesidades especiales;
• el crecimiento de los sistemas de educación superior en cada país no sólo en números sino en formas alternativas, como la educación a distancia, en la medida en que sean capaces de cumplir la misión de democratizar el conocimiento y expandir el número de vacantes;
• el incentivo a la cooperación entre los diversos segmentos sociales, destinados a estimular la efectiva transferencia del conocimiento para la sociedad;
• la implementación de instrumentos efectivos de cooperación a fin de evitar la fuga de capital humano o de “cerebros” de América Latina y el Caribe (transferencia de alumnos y profesionales para los países desarrollados);
• el respeto a la autonomía universitaria; y
• el apoyo gubernamental a la educación superior.
Puedes obtener el documento completo en:
http://cres2008.0rg
